“Sorpresa y estupor. Esto se explica por sí solo. Y nos vamos a quedar ahí”. Así ha reaccionado el equipo del presidente al último movimiento del juez Peinado este miércoles tras comunicarle a Begoña Gómez que se dispone a sentarla en el banquillo ante un jurado popular. Una decisión contra la que han arremetido en bloque tanto desde el Gobierno como desde el propio Partido Socialista.

“El sistema español es garantista y confiamos en que un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio”, ha dicho en los pasillos del Congreso el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Preguntada por el caso, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha contestado a la prensa que considera “surrealista” el paso dado por Peinado.

Desde el PSOE insisten en que “no hay caso” contra la pareja del presidente. “Siempre hemos defendido que con el tiempo la verdad se abrirá camino y que esta instrucción quedará como un caso de estudio, en negativo, para los estudiantes de Derecho”, apuntan fuentes de Ferraz.

Desde la dirección del partido se apunta que “en 48 horas se ha abierto juicio oral a dos personas cuyo único delito es ser familia del presidente del gobierno”, en referencia al hermano y a la pareja del presidente. “No por esperado, este paso deja de ser sorprendente. Con el tiempo, esto se conocerá como el Caso Peinado”, añaden.

También ha reaccionado a la decisión la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. “La instrucción de Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de derecho de nuestro país”, dijo a la salida del Pleno, en los pasillos del Congreso.

El magistrado Juan Carlos Peinado ha anunciado este miércoles que la esposa del presidente del Gobierno, su asistente y el delegado del Gobierno en Madrid serán juzgados, llegado el momento, ante un jurado popular acusados de un delito de malversación de caudales públicos. En un auto en el que el juez no detalla los hechos que atribuye a Begoña Gómez y antes incluso de abrir juicio oral, cita a los tres en su juzgado el próximo sábado para informarles y que puedan hacer alegaciones.

Según la normativa del tribunal de jurado, se trata del movimiento del juez cuando entiende que un imputado puede llegar a ser juzgado por un delito competencia de un jurado popular. En este caso, la malversación que atribuye a Gómez y los otros dos acusados por los trabajos de su asistente.