La decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de malversación , ha provocado un nuevo frente político. Según la información publicada por El Mundo , el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por una estrategia clara: desacreditar al magistrado e insistir en que un tribunal superior acabará corrigiendo lo que consideran una instrucción “irregular” y “surrealista”.

El caso investiga si Cristina Álvarez , asesora de Gómez en Moncloa, realizó tareas privadas para la esposa del presidente en relación con su cátedra en la Universidad Complutense, pese a ser personal público. El juez considera que existen indicios suficientes para someter los hechos al escrutinio de un jurado popular .

Críticas desde el Consejo de Ministros

El primero en reaccionar fue Félix Bolaños , ministro de la Presidencia y de Justicia, quien puso en duda la imparcialidad del magistrado:

“El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo caso”, declaró en el Congreso.

En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría , calificó la posición de Peinado de “surrealista” y aseguró que “lo decidido por él se explica por sí solo”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , juez de carrera, evitó extenderse, aunque dejó caer su malestar con un seco: “Me gustaría hablar de cosas serias” .

Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez , ironizó sobre la fórmula del jurado popular, sugiriendo con sarcasmo:

“Pueden llamar a los de la calle Ferraz para que vayan al jurado popular”, en referencia a las protestas organizadas frente a la sede del PSOE.

Apoyo de Sumar y Yolanda Díaz

Desde Sumar , socio de coalición del Gobierno, también se respaldó la ofensiva contra el juez. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , cuestionó la instrucción con tono irónico:

“La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de derecho de nuestro país”.

Una causa que incomoda a Moncloa

La causa contra Begoña Gómez, que ya acumula varias imputaciones por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo , se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. El hecho de que ahora se abra paso a un juicio con jurado popular incrementa la dimensión pública del caso y, por tanto, su desgaste político.

Mientras el Gobierno insiste en desacreditar al juez Peinado , desde la oposición se subraya que el Ejecutivo “ha pasado de negar los hechos a atacar a los jueces”, lo que consideran un síntoma de debilidad política y nerviosismo en Moncloa .