Lo que no imaginábamos los colombianos era que, después de la decisión tomada la semana pasada por el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, Colombia sería descertificada de manera condicionada. Más que una sanción al país, la medida fue un golpe político dirigido al presidente Gustavo Petro, sustentado en el aumento de los cultivos ilícitos durante los últimos tres años y en la falta de cooperación efectiva de su administración en la lucha contra el narcotráfico.

Pese a ello, el presidente ha intentado justificar la situación con cifras poco claras, cuando en realidad su política central parece estar orientada a fortalecer una alianza con los grupos narcotraficantes, hoy sentados en mesas de negociación bajo la bandera de la llamada “paz total”. Una estrategia que,

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