La sentencia considera que el contrato licitado por el Ministerio de Derechos Sociales invadió atribuciones de las comunidades autónomas

El Constitucional ha resuelto, en sus aspectos esenciales, a favor de la Comunidad de Madrid el conflicto de competencias surgido con el Gobierno a propósito del acogimiento de menores bajo la tutela de las administraciones públicas . El conflicto se refiere al contrato licitado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuyas competencias en la materia han sido asumidas actualmente por el Ministerio de Juventud e Infancia. La Comunidad madrileña acudió al órgano de garantías alegando que el contrato suponía una injerencia en la competencia de la Comunidad de Madrid en materia de protección y tutela de menores, recogida en el artículo 26.1.2

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