Un giro inesperado en la legislación pensional colombiana se produjo tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, conocida como la Reforma Pensional.

La determinación del alto tribunal, que ha generado un amplio debate en todos los sectores del país, se fundamenta en la identificación de supuestos vicios de procedimiento durante el trámite legislativo en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Representantes.

La Corte ordenó la devolución del proyecto de ley a la Cámara baja para que se subsanen las irregularidades detectadas. Esta medida judicial no solo paraliza la aplicación de una de las reformas más ambiciosas del actual gobierno, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de julio de 2025, sino que

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