La histórica sentencia de la JEP contra los excomandantes de las FARC por más de 21.000 secuestros ha generado sentimientos encontrados entre las víctimas. Aunque el fallo ordena trabajos restaurativos como la búsqueda de desaparecidos, desminado, actividades de memoria y reparación, muchos familiares consideran que no fueron escuchados y que la condena carece de mecanismos claros de cumplimiento.

Casos como el de Ángela Cordón, quien lleva 22 años buscando a su padre y a su tío desaparecidos, reflejan la frustración: sus propuestas de reparación, como la creación de una casa de la memoria, no fueron incluidas en la sentencia. Lo mismo ocurre con María Nubia Aldana, viuda de uno de los comerciantes desaparecidos en el Huila, quien asegura que la orden de buscar a los cuerpos no se traduce

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