La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, bajo el ministerio del Interior, está a punto de licitar un nuevo contrato para la gestión del servicio de “monitorización, seguimiento y vigilancia remota” de presos en tercer grado o en libertad vigilada. Actualmente, los reclusos utilizan pulseras de la empresa israelí Attenti Electronic Monitoring, que forma parte del grupo estadounidense Allied Universal. Esta misma firma también proporciona servicios similares en las cárceles del Gobierno vasco.

El contrato vigente fue adjudicado en julio de 2021 por un total de 27,9 millones de euros, con una duración inicial de tres años, hasta 2024. Sin embargo, ha sido prorrogado hasta agosto de 2026. Fuentes de Instituciones Penitenciarias han confirmado que no habrá más prórrogas y que se procederá a la licitación de un nuevo contrato.

Los expertos están divididos sobre si el reciente decreto ley del Gobierno, que prohíbe la compra y venta de armamento y material de defensa a Israel, afectará a este sistema de control telemático. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional está trabajando en una propuesta para determinar qué códigos postales de origen estarán prohibidos, la cual será enviada a la Agencia Tributaria para su aprobación y posteriormente al personal de aduanas.

El ministerio del Interior ha decidido avanzar con la licitación para que el nuevo contrato esté adjudicado para el próximo verano. Aunque los contratos de servicios tienen un plazo máximo de cinco años, la ley permite excepciones que podrían extender este periodo. Al finalizar el contrato, se estima que el ministerio habrá gastado alrededor de 38,4 millones de euros.

Los presos en tercer grado solo deben permanecer en el centro penitenciario durante ocho horas, generalmente para dormir, y el resto del tiempo pueden estar fuera. Si aceptan el control telemático, deben cumplir con un horario específico para actividades y controles. También los reclusos en libertad vigilada pueden utilizar este sistema.

Existen tres tipos de pulseras telemáticas: algunas funcionan las 24 horas con verificación de identidad, otras incluyen controles aleatorios de alcoholemia, y las últimas permiten un seguimiento continuo de la ubicación geográfica del usuario. Attenti Electronic Monitoring ha capacitado a los funcionarios encargados de supervisar a los reclusos en estos programas de control.

El contrato estipula que el ministerio paga por el sistema de monitorización, no por el stock de pulseras. Los precios son de 4,5 euros diarios por dispositivo de control domiciliario, 5 euros por dispositivo con control de alcohol y 3,5 euros por monitorización continua de geolocalización. El número de dispositivos utilizados ha oscilado entre 4.720 y 4.885. Attenti Electronic Monitoring fue la única empresa que presentó una oferta, lo que indica la especificidad técnica requerida para este servicio.