El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ha dictado un embargo histórico de un billón de pesos a Ariel García Furfaro, empresario vinculado a la producción de fentanilo contaminado. Esta decisión se produce en el contexto de una investigación que ha revelado la presencia de bacterias Ralstonia y Klebsiella en las ampollas de fentanilo analizadas por el Instituto Malbrán.

La causa investiga la muerte de al menos 96 personas y ha afectado la salud de otros 30 pacientes críticos en cinco provincias del país. García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB y Ramallo, fue procesado y su detención se ha convertido en prisión preventiva. El juez lo considera "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas".

Además del embargo de un billón de pesos, se han tomado medidas similares contra su hermano Diego Hernán García y su madre Nilda, quien hasta ahora estaba bajo prisión domiciliaria. Nilda posee el 10% de HLB, cuyo proceso de producción estaba tercerizado a Laboratorios Ramallo.

El juez también benefició a Damián García Furfaro, el otro hermano, al dictar la falta de mérito y ordenar su libertad, aunque con la prohibición de salir del país. Otros implicados, como Javier Tchukrán, director de Manufactura de HLB, y José Antonio Maiorano, director técnico de HLB, también enfrentan embargos, aunque de menor cuantía.

La investigación ha revelado que de las 300.000 ampollas de fentanilo contaminado, cerca de un tercio llegó a pacientes. La ingeniera química Adriana Iúdica, subjefa de Control de Calidad de Ramallo, ha sido señalada por no haber impulsado el rechequeo de la esterilidad de los lotes contaminados.

La situación es compleja, ya que muchos de los pacientes que recibieron el fentanilo contaminado ya estaban gravemente enfermos. De los 127 pacientes que recibieron el fármaco, se investigan 96 muertes, lo que plantea la pregunta de cuántas de estas muertes fueron causadas directamente por las bacterias en el fármaco.

La investigación sigue su curso, y las familias de las víctimas esperan justicia en un caso que ha sacudido al país.