La Fiscalía General de la Nación imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov ; a la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la suscripción de un contrato de prestación de servicios.

Con esta actuación fue vinculada laboralmente la persona que presentó una demanda de nulidad a la elección del mandatari o y persuadida para que desistiera de sus pretensiones.

Inicialmente, se firmó un contrato en febrero de 2024, por 19’800.000 pesos, q ue no se ejecutó. Luego, fue suscrito un segundo contrato de prestación de servicios, a través de la empresa pública Ecovivienda, por 54’285.000 pesos. Los elementos materiales probatorios indican que los trámites contra

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