La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, Claribel Fernández Castillón, por la decisión que tomó el pasado 11 de abril de concederle la libertad condicional al contratista Emilio Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión por el escándalo de corrupción de Centros Poblados.

La investigación de la jurisdicción disciplinaria busca esclarecer la actuación de la funcionaria judicial, no solo por haber otorgado el beneficio al contratista, sino también por una presunta demora injustificada para tramitar el recurso de apelación que interpuso la Procuraduría General de la Nación en contra de esa medida.

El Ministerio Público apeló la determinación de la juez al cons

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