CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El ex jefe de la agencia migratoria mexicana, Francisco Garduño, procesado por ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones en el incendio de un centro de detención migratoria en 2023 en el que murieron 40 personas y una treintena resultaron heridas, pidió este viernes disculpas “por el sufrimiento y daño causado” a quienes ese día les marcó la vida.

Reconoció que hubo “violaciones a derechos humanos que jamás debieron suceder” y que fueron por “omisiones del personal del Instituto” Nacional de Migración (INM), la agencia que él dirigió hasta el pasado mes de abril. También instó a que “los culpables no queden impunes y que los daños causados por el delito se reparen”, pero sin reconocer responsabilidad alguna a título personal.

El acto fue parte de lo que le exigió un juez en enero, cuando suspendió temporalmente su proceso y le dio un plazo de un año y medio para que el juicio pudiera cerrarse definitivamente si Garduño realizaba una serie de acciones. En paralelo, varios de sus subordinados están procesados por homicidio y lesiones.

“Necesitamos responsables concretos”, clamó la salvadoreña Claudia Araceli Varela, familiar de uno de los fallecidos tras exigir que “los criminales no sean perdonados” y lamentar que esta fuera una disculpa “obligada... no de usted... que teniendo el su mano el poder y la valentía de decir abran la puerta no lo hizo”.

El 27 de marzo de 2023 unos 70 hombres estaban hacinados en un dormitorio cerrado con candado, sin ventilación y apenas agua en el centro de detención migratoria de esa localidad fronteriza con El Paso, Texas. Al caer la noche un pequeño grupo prendió fuego a unas colchonetas en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo lo cubrió todo.

Las cámaras de seguridad grabaron cómo los guardias salieron del lugar pese a los gritos de auxilio y sin siquiera acercarse a abrir las rejas. Sólo las mujeres, retenidas en otra celda, fueron liberadas.

“Yo lo perdono”, dijo el venezolano Stefan Arango, pero “sigo en lucha porque esta migración ha matado a mucha gente”.

“Esto no puede quedar así”, acotó.

Los abogados de las víctimas temen que la suspensión temporal del juicio del exfuncionario pueda ser la antesala de la impunidad y exigen que el juicio siga sin beneficios procesales que consideran “injustificados”.

Accedieron a la disculpa pública porque fue la primera vez que migrantes supervivientes y familiares de los fallecidos, la mayoría venezolanos y centroamericanos, iban a estar frente al exfuncionario pero recordaron que no podía entenderse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento.

“Siento enojo, coraje, le están obligando”, dijo Wilson Alexander Juárez, un guatemalteco de 23 años al que el incendio le dejó con secuelas imborrables en su cuerpo y observaba el acto en primera fila apoyado en un andador. Quiso estar presente porque para ver de cerca a Garduño porque nuncia había “dado la cara”.

En el simbólico acto estuvieron presentes, entre otros, funcionarios del INM y la cancillería. Hubo exigencias, lágrimas, recuerdos de sueños rotos y denuncias de la indiferencia de las autoridades mexicanas hacia los migrantes.

Al final del evento, una mujer guatemalteca se acercó a hablar con Garduño pero no la dejaron. El exfuncionario solo la miró, sin decir ni una palabra.

Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia, una de las organizaciones que apoya a las víctimas, explicó que con este acto “no termina nada” porque la suspensión del proceso está impugnada y hay otros seis juicios abiertos por el incendio de Ciudad Juárez, el incidente más letal en un centro migratorio de México.

Garduño fue agente de prisiones y asumió la titularidad del Instituto Nacional de Migración a mediados de 2019 para llevar a cabo la política de contención migratoria exigida por la primera administración de Donald Trump al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y evitar los aranceles a México.

Pese al proceso en su contra y las exigencias de las víctimas, permaneció en su cargo con la llegada al poder de Claudia Sheinbaum para gestionar los temas migratorios en los primeros meses del segundo gobierno de Trump. Siempre dijo estar dispuesto a reparar a las víctimas. Su relevo llegó en mayo.

Además de las disculpas públicas, el exjefe migratorio deberá tomar cursos en derechos humanos pero el juez rechazó la solicitud de la acusación para que prestara algún servicio social sin remuneración y se le inhabilitara para el servicio público.

Además de Garduño, otro exdirectivo del instituto —ahora prófugo— está acusado de los mismos delitos. Seis agentes migratorios, entre ellos un militar, un guardia de seguridad privada y los dos migrantes señalados de iniciar el fuego están acusados de homicidio y lesiones. La mayoría de los funcionarios siguen su proceso en libertad.

El trato del INM a los migrantes que cruzan México ha sido denunciado en numerosas ocasiones. En el caso del incendio de Ciudad Juárez, la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoció violaciones graves, lo que conllevó apoyos para algunas víctimas, cambios en los centros de detención y el cierre de algunas instalaciones.

Pero según las organizaciones que representan a los migrantes lo realizado hasta el momento no garantiza que hechos similares no se repitan.