Sanitas ha logrado un importante triunfo judicial contra el gobierno de Gustavo Petro. La Corte Constitucional dictaminó que la intervención de la SuperSalud en la EPS fue arbitraria. Tras dos meses de evasivas por parte del gobierno, se le obligó a cumplir con el fallo.

Recientemente, el propietario de Sanitas, el español Joseba Grajales, también ha ganado un fallo significativo. El Consejo de Estado ha ordenado al presidente Petro rectificar las acusaciones que hizo contra él. La decisión del alto tribunal protege los derechos fundamentales de Grajales, incluyendo su honra y presunción de inocencia.

El fallo especifica que el presidente debe corregir sus declaraciones realizadas en su alocución del 15 de julio de 2025, donde se refirió a Grajales utilizando términos como "crimen" y "criminal" en relación con la financiación de campañas políticas. El Consejo de Estado exige que esta rectificación se realice en la siguiente alocución presidencial tras la notificación de la decisión.

Además, el tribunal indicó que el presidente debe retractarse de la expresión "debe irse" en referencia a Grajales, ya que no se presentó evidencia de sanciones administrativas que justificaran tal afirmación.

El Consejo de Estado consideró que las declaraciones del presidente se dieron en un contexto de "expresión de opiniones" sobre el sistema de salud, pero concluyó que se extralimitó en sus afirmaciones. El tribunal subrayó que el uso de términos como "criminal" no estaba respaldado por pruebas concretas.

El fallo establece que la alocución presidencial debe estar sujeta al principio de legalidad y al respeto de los derechos de todos los ciudadanos. En su defensa, el presidente Petro argumentó que sus declaraciones eran parte de un debate público y que Grajales, como figura reconocida, debía soportar críticas. Sin embargo, el Consejo de Estado reafirmó que las opiniones deben basarse en hechos verificables.

La confrontación entre el presidente y Sanitas ha sido intensa. En su alocución del 15 de julio, Petro acusó a la EPS de mal manejo y corrupción, afirmando que "se robaron la plata que nosotros mismos dimos" y calificando sus acciones como un "crimen de lesa humanidad". Estas declaraciones han sido el centro de la controversia y el motivo del reciente fallo judicial.