La Cámara de Diputados recibió una iniciativa de reforma a la Ley General de la Salud de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que propone castigar con uno y hasta ocho años de prisión la adquisición, producción, preparación, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos.
También plantea un esquema de contratación consolidada de medicamentos para resolver el problema de desabasto y la universalización de los servicios de salud.
Se prohíbe la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarros electrónicos, vapeadores y demás dispositivos análogos.
Se establece la