El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha aprobado un embargo de armas a Israel mediante un real decreto-ley. Esta decisión, anunciada hace dos semanas, fue ratificada por el Consejo de Ministros. Aunque el embargo refuerza un gesto político, incluye una cláusula que permite excepciones si el Ejecutivo considera que su prohibición perjudica los "intereses generales nacionales".

La demora de quince días en la aprobación del decreto ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones entre España e Israel, que abarcan múltiples áreas de la vida pública y económica. En el ámbito militar, el Ministerio de Defensa ya había comenzado a desvincularse de Israel meses atrás. En junio, se anunció la revocación de contratos con empresas israelíes y la cancelación de dos programas importantes: los misiles anticarro Spike y el sistema lanzacohetes Silam, que sumaban casi mil millones de euros.

Ambas licitaciones se habían otorgado mediante un procedimiento reservado, lo que refleja la posición privilegiada de la tecnología israelí en el sector. Sin embargo, el Gobierno no ha aclarado cómo se cubrirán las capacidades militares que se perderán ni qué alternativas existen en el mercado europeo o nacional. Además, muchas de las producciones estaban en manos de empresas españolas, lo que genera un efecto colateral en la economía local.

A pesar de la desconexión militar, esta avanza de manera gradual y con contradicciones. Por ejemplo, mientras el Ministerio de Defensa impidió la participación de Israel en una feria de armamento en Madrid, algunas empresas israelíes continúan participando en procesos de contratación pública en España.

Un caso notable de esta paradoja se encuentra en el sistema penitenciario. Desde hace más de diez años, España utiliza pulseras y tobilleras electrónicas fabricadas por la empresa israelí Attenti para controlar a cerca de 4.000 internos en tercer grado o libertad vigilada. Este contrato, que comenzó en 2021 con un valor de 25 millones de euros, se ha ampliado hasta agosto de 2026.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha confirmado que el próximo año se abrirá un nuevo proceso de licitación para este servicio. A menos que Attenti incurra en alguna causa de exclusión, podrá volver a presentarse. Sin embargo, los expertos no están seguros de si el nuevo decreto ley que prohíbe la compra de armamento a Israel también afectará a este sistema de control telemático.