El decreto 682/2025 del Gobierno, que habilitó durante tres días la liquidación de granos sin pagar retenciones hasta alcanzar un cupo de 7 mil millones de dólares, abrió un frente de conflicto que ya no se limita al campo: la oposición decidió trasladar la discusión al Congreso.

La medida fue celebrada por el oficialismo como una señal de confianza hacia el agro y una vía para captar divisas inmediatas. Pero en la oposición surgieron cuestionamientos casi de inmediato: consideran que el esquema benefició sobre todo a grandes exportadoras, no alcanzó a los productores chicos y medianos y significó un costo fiscal de más de 1.500 millones de dólares para el Estado.

Desde la Coalición Cívica se presentó un pedido para convocar de manera urgente a un plenario conjunto de las comisiones de A

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