Los legisladores de Nuevo México están por dar inicio a una sesión especial el miércoles para aumentar la financiación de la asistencia alimentaria y la atención médica en zonas rurales, medidas que, según la gobernadora demócrata, son necesarias para “minimizar el daño de la desastrosa ley del presidente Trump” conocida como “One Big Beautiful Bill Act”, o OBBBA, la cual recorta los impuestos y el gasto federal.

La sesión especial se realizará tras una similar en Colorado, donde el gobernador demócrata afirmó que los recortes de impuestos de Trump causaron estragos en el presupuesto estatal. Los funcionarios demócratas de Oregon también debaten si es necesaria una sesión especial. Y los demócratas de California aprobaron recientemente nuevas medidas de gasto destinadas a contrarrestar la ley de Trump.

Nada similar sucede en estados gobernados por republicanos.

Las respuestas divergentes ponen de relieve la división partidista sobre el logro legislativo más importante del segundo mandato de Trump, y plantean la pregunta: ¿los estados dirigidos por republicanos están ignorando las consecuencias financieras, o exageran la urgencia los estados dirigidos por demócratas?

“Probablemente los demócratas lo hacen un poco para hacer alarde”, dijo Steven Rogers, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de San Luis, quien se especializa en gobiernos estatales.

“En el bando republicano, puede que esto simplemente les parezca bien —o que no quieran provocar a Trump”, agregó Rogers.

Es posible que la nueva y extensa ley, nombrada “One Big Beautiful Bill Act” (Proyecto de Ley Grande y Hermoso) por los republicanos, afecte a algunos estados más que a otros. Los recortes de impuestos federales podrían reducir los ingresos de los estados que vinculan sus propios impuestos sobre la renta al código federal, a partir de las declaraciones de impuestos de 2025.

Las reducciones del gasto federal para Medicaid y las prestaciones alimentarias también podrían causar que los estados gasten más de su propio dinero para programas de la red de seguridad social. Pero los nuevos requisitos de trabajo para contar con Medicaid, que se encuentran entre los cambios más relevantes, entrarán en vigor hasta 2027. Los costos administrativos para los cupones de alimentos se transfieren a los estados a partir de octubre de 2026, con transferencias adicionales basadas en el desempeño en los años posteriores.

La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham ha instado a los legisladores de Nuevo México a destinar de forma preventiva más fondos este año fiscal a la asistencia alimentaria y la atención médica rural.

Los legisladores también buscan ampliar los subsidios estatales para las pólizas de seguro médico adquiridas a través del mercado de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible de Estados Unidos (PPACA por sus siglas en inglés), que cubre a unos 75.000 residentes. Señalan la posibilidad de que los subsidios federales aumentados expiren a finales de este año.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados y ver ese desastre suceder”, dijo Peter Wirth, líder de la mayoría demócrata en el Senado estatal.

Aunque Nuevo México prevé perder alrededor de 200 millones de dólares anualmente debido a los nuevos recortes de impuestos federales a partir de este año fiscal, aún cuenta con un gran superávit gracias al auge de la producción petrolera.

“Estamos en la posición, fiscalmente, de poder ser proactivos”, agregó Wirth, “y de esforzarnos realmente por mantener a los habitantes de Nuevo México tan protegidos como podamos de estos recortes que se avecinan”.

Una ley firmada recientemente por el gobernador demócrata Gavin Newsom destina 255 millones de dólares a la respuesta de California a la OBBBA de Trump y otros cambios en las políticas federales. Esto incluye 84 millones de dólares para intentar reducir los errores en los pagos de prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Actualmente, el gobierno federal cubre en su totalidad esas prestaciones alimentarias, pero los estados con tasas de error mayores al 6% podrían tener que pagar parte del costo a partir de octubre de 2027.

La ley de Trump también amplía los requisitos de trabajo para los adultos que participan en el SNAP, lo que se prevé que obligará a algunas personas a salir del programa en los próximos meses. La ley californiana destina 40 millones de dólares a los condados para implementar los nuevos requisitos del SNAP, e inyecta 20 millones de dólares a bancos de alimentos de emergencia —un aumento de un tercio respecto a la financiación estatal aprobada previamente.

“Hemos sido tan diligentes y estratégicos como nos ha sido posible para reponer la mayor cantidad posible de esos dólares”, declaró a The Associated Press el demócrata Robert Rivas, presidente de la Asamblea.

El nuevo gasto se produce en un momento en que las autoridades presupuestarias de California advierten sobre un inminente déficit multimillonario.

Debido a que sus códigos tributarios están estrechamente vinculados al federal, la mayoría de las nuevas exenciones fiscales federales se aplican automáticamente a los impuestos estatales sobre la renta en Colorado y Oregon.

En agosto, Jared Polis, el gobernador demócrata de Colorado, fue el primero en convocar a los legisladores a una sesión especial tras citar la ley de Trump. Su gobierno informó que las exenciones fiscales federales generaron un déficit estimado de 783 millones de dólares en el presupuesto estatal actual.

La Legislatura, liderada por los demócratas, cubrió parte de ese déficit al eliminar algunas exenciones fiscales corporativas y autorizar la venta de créditos fiscales estatales para recaudar ingresos.

En Oregon, los funcionarios demócratas consideran la posibilidad de desvincularse de algunos de los cambios fiscales de Trump a fin de evitar perder cientos de millones de dólares en impuestos estatales. Esta medida podría permitir al estado mantener el gravamen sobre las propinas y las horas extras.

“Políticamente, es un proyecto de ley muy arriesgado de aprobar, ya no digamos de convocar de nuevo a una sesión especial para OTRA votación sobre impuestos”, declaró Rob Nosse, legislador estatal demócrata, en un boletín informativo reciente. ”Pero, al mismo tiempo, nos permitirá evitar algunos de los recortes que se avecinan en la atención médica y los cupones de alimentos”.

Al igual que Colorado y Oregon, los estados de Iowa, Montana y Dakota del Norte, gobernados por republicanos, también utilizan el “ingreso gravable federal” como punto de partida para sus impuestos estatales e incorporan automáticamente los cambios fiscales federales. No obstante, los funcionarios locales de dichos estados no han expresado grandes preocupaciones.

Se calcula que Montana podría perder alrededor de 114 millones de dólares anuales como resultado de los nuevos recortes fiscales. Pero es probable que los legisladores puedan esperar hasta su próxima sesión ordinaria en 2027 para abordar cualquier impacto, dijo Larry Brewster, congresista estatal republicano y presidente del la comisión interina de ingresos de la Legislatura.

“Creo que es una preocupación, pero no creo que sea un problema urgente para nosotros”, añadió.

Los líderes de la Legislatura de Dakota del Norte, quienes no tienen previsto reunirse sino hasta 2027, discuten celebrar una sesión a principios del próximo año, pero no por los recortes de impuestos federales. Más bien, los legisladores decidirán cómo gastar la asignación al estado de 50.000 millones de dólares en subvenciones para la atención médica rural incluidas en la ley de Trump.

La conformidad de Iowa con el código tributario federal podría costarle a su fondo general 437 millones de dólares este año fiscal, según el Departamento de Ingresos del estado. Las finanzas del estado también podrían verse afectadas por la guerra comercial de Trump con China, un importante mercado de exportación para sus agricultores. El estado aún cuenta con miles de millones de dólares en reservas.

“Estamos en una buena posición para afrontar parte de lo agrícola y algunas de las consecuencias de la Ley Grande y Hermosa”, dijo la gobernadora republicana Kim Reynolds, “pero también debemos ser conscientes a medida que avanzamos”.

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Los periodistas de The Associated Press Jack Dura, en Bismarck, Dakota del Norte; Hannah Fingerhut, en Des Moines, Iowa; Morgan Lee, en Santa Fe, Nuevo México; Trân Nguyễn, en Sacramento, California; y Claire Rush, en Portland, Oregon, contribuyeron a este despacho.