**Inmobiliaria San Antonio rechaza negociar con usurpadores**

Diego Pereira, abogado de la Inmobiliaria San Antonio S.A., ha dejado claro que no están dispuestos a negociar con quienes consideran "usurpadores" en el terreno donde se encuentra la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso. En una entrevista con Radio Bío Bío Valparaíso, Pereira afirmó que "nunca hemos estado disponibles para negociar con los usurpadores porque, precisamente, ellos atentaron en contra del derecho de propiedad de mis representados".

El abogado subrayó que, aunque han estado abiertos a dialogar con el Gobierno, no tienen intención de sentarse a negociar con los ocupantes del terreno. "Nosotros solamente accedimos a sentarnos a negociar con el Gobierno a propósito de la mesa de negociación, pero nunca con los usurpadores", recalcó. Actualmente, Pereira indicó que no existe ningún diálogo abierto con el Ministerio de Vivienda.

Pereira expresó su descontento con el Ministerio de Vivienda, señalando que ha habido un "abandonado" por parte de esta entidad en las negociaciones. Sin embargo, enfatizó que los propietarios no se cierran a la posibilidad de conversar con las autoridades gubernamentales. "Lo único que buscan en este momento es la restitución del derecho de propiedad que ostentan mis representados sobre los terrenos ubicados en San Antonio", afirmó.

En el último mes, la inmobiliaria ha solicitado reuniones con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, así como con la delegación presidencial y el gobernador provincial. Sin embargo, todas estas solicitudes han sido rechazadas o no han recibido respuesta. Pereira lamentó que, hasta la fecha, no hay diálogo abierto con ninguna autoridad del Gobierno para llegar a un acuerdo sobre el tema.

El abogado también recordó que el 11 de septiembre presentaron un escrito ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso solicitando el cumplimiento de un fallo relacionado con el desalojo. La Corte ha solicitado a los actores involucrados que respondan sobre las gestiones realizadas para cumplir con la sentencia. Pereira explicó que los informes presentados no indicaron ninguna gestión nueva desde febrero, por lo que solicitaron que se fije una fecha para el desalojo.

Respecto a la posible ejecución del desalojo, Pereira afirmó que acatarán el fallo de la Corte de Apelaciones, que fue ratificado por la Corte Suprema. "A los propietarios no se les impone ninguna obligación de ninguna naturaleza, más que simplemente la de que se les restituya su derecho de propiedad", aseguró.

Finalmente, el abogado no pudo proporcionar una fecha exacta sobre la última comunicación con el Ministerio de Vivienda, pero estimó que fue hace aproximadamente un mes, tras el rompimiento de la mesa técnica. La espera para el cumplimiento del fallo depende del Poder Judicial, y Pereira se mostró incierto sobre el tiempo que podría tomar concretar el desalojo si no se llega a un acuerdo.