El borrador de la Ley de Competencias, la norma llamada a redefinir el reparto de funciones y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, abrió un debate intenso que enfrenta a analistas y al propio equipo técnico encargado de su redacción, en la antesala a definir cómo quedará la otra mitad de la reforma al Sistema General de Participaciones.

Mientras algunos expertos advierten sobre vacíos legales y riesgos fiscales, los redactores de la propuesta defienden la gradualidad y la focalización inicial en los sectores de salud, educación y agua potable. En medio de todo esto, el punto clave no gira solo alrededor de la plata, sino de las capacidades y responsabilidades de los territorios.

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Y es que la disc

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