La ligereza con la que los dirigentes del Partido Popular y Vox se han lanzado a hablar en los últimos días de expulsiones de inmigrantes contrasta con las dificultades que la realidad impone para llevarlas a cabo. La principal de esas trabas: la limitada operatividad de los acuerdos de readmisión con los países de origen, que cada vez ponen más impedimentos para ello. Para prueba, la serie histórica. Hace una década, España repatrió de manera forzosa a 11.817 personas –ya fuesen expulsiones o devoluciones–. El pasado año, según datos del Ministerio del Interior, fueron 3.286 inmigrantes. Casi cuatro veces menos.

El punto de inflexión estuvo en la pandemia. Países como Marruecos o Argelia decretaron restricciones en sus fronteras que, a día de hoy, siguen siendo utilizadas como excusa par

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