El Consejo de Estado está a punto de decidir si confirma o tumba la sentencia del Tribunal de Cundinamarca que ordenó indemnizar con más de 1.000 millones de pesos al ahora magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, por la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal que la Contraloría le mantuvo activo durante cinco años.
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El magistrado ponente es William Barrera, de la Sección Tercera. Hace unos meses presentó ante la Sala un impedimento, alegando un supuesto conflicto de interés debido a que Pedro Torres Báez, uno de los magistrados auxiliares de su despacho, está casado con Carolina Murillo Junco, quien “ha tenido y mantiene una