DETRÁS de cada acto siempre hay una consecuencia. Y, no pocas veces, también una intención. El incumplimiento por tercer ejercicio consecutivo del artículo 134.3 de la Constitución es un acto político de extrema gravedad. El Gobierno del Reino de España tiene, según ese artículo, el “deber” de presentar tres meses antes del vencimiento del presupuesto vigente el proyecto de ley de unas nuevas cuentas estatales. Eso fija el plazo en el 30 de septiembre de cada año. Y, por segundo año consecutivo, un Ejecutivo con todas sus atribuciones –en 2023 estaba en funciones porque no hubo investidura hasta noviembre– incumple deliberadamente la Carta Magna por pura conveniencia política: evitar que el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado provoque la disolución de las Cortes Generales y la

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