El Tribunal Supremo ha fijado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio contra el fiscal general del Estado , Álvaro García Ortiz , por un presunto delito de revelación de secretos , en el marco de la causa abierta por la supuesta filtración a la prensa de un correo confidencial vinculado al procedimiento penal contra Alberto González Amador , pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso .

La acusación particular , ejercida por el propio González Amador, solicita cuatro años de prisión y una indemnización de 300.000 euros contra el jefe del Ministerio Público, al que atribuye haber propiciado una maniobra de intoxicación mediática con información de carácter reservado.

Un juicio de Estado en la cúspide del poder judicial

El caso, inédito por la relevancia institucional del acusado, ha sido admitido a trámite por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que ha considerado pertinente la declaración de 40 testigos , entre ellos 8 fiscales , 12 periodistas , 11 guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) , 4 políticos , 2 abogados , y el propio denunciante.

Entre los fiscales citados figuran Julián Salto , Almudena Lastra , Pilar Rodríguez Fernández , Diego Villafañé , Agustín Hidalgo de Morillo , María Antonia Sanz Gaite , Esmeralda Rasillo y Diego Lucas Álvarez . También comparecerán como testigos los responsables de prensa de la Fiscalía, Mar Hedo y Íñigo Corral .

El tribunal ha excluido, por no acreditar su relevancia directa, los testimonios de Óscar López , Santos Cerdán , David del Campo y la periodista Angélica Rubio .

Los hechos en el epicentro del conflicto institucional

Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando el periodista Miguel Ángel Campos , de la Cadena Ser, publicó una exclusiva a las 23:51 horas sobre una supuesta oferta de conformidad penal por parte de González Amador , lo que precipitó una tormenta política. La Sala Segunda ha ordenado a la emisora entregar la grabación íntegra del programa Hora 25 , emitido ese día entre las 23:15 y las 23:30.

En paralelo, se requerirá a la Fiscalía de Madrid y a la Fiscalía General del Estado los expedientes gubernativos sobre el procedimiento vinculado a González Amador y a las sociedades Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos , así como cualquier documentación relacionada.

García Ortiz declarará el último

El tribunal ha accedido a la petición de la Abogacía del Estado , que ejerce la defensa del fiscal general, para que éste preste declaración en último lugar . La resolución incluye la admisión de pruebas documentales y periciales solicitadas por todas las partes.

Se aceptan también los informes de tres peritos de la UCO , que además comparecerán como testigos clave .

El juicio será presidido por Andrés Martínez Arrieta , presidente de la Sala de lo Penal, y contará con la participación de los magistrados Juan Ramón Berdugo , Manuel Marchena , Antonio del Moral , Ana María Ferrer , Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela .

Una causa con alto voltaje político

El procedimiento penal contra García Ortiz tiene una enorme trascendencia política e institucional. El acusado no solo es la máxima autoridad del Ministerio Fiscal, sino que su imputación se produce en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y el poder judicial , con acusaciones cruzadas de lawfare , instrumentalización de la justicia y guerra sucia informativa .

La figura de García Ortiz ya había sido objeto de fuertes críticas por parte de la oposición, que le reprocha una cercanía excesiva al Ejecutivo de Pedro Sánchez . Este juicio, que enfrenta al fiscal general con el aparato judicial más alto del país , podría reconfigurar el equilibrio de poderes si se produjera una condena.

Si el Supremo condenara a García Ortiz por revelación de secretos , se abriría un precedente jurídico de gran calado: sería la primera vez que un fiscal general del Estado en ejercicio resulta condenado penalmente por un delito relacionado con el uso indebido de información confidencial en un procedimiento sensible.

El proceso se convierte así en una encrucijada: jurídica, institucional y mediática . La reputación del Ministerio Público, la credibilidad del sistema judicial y el debate sobre la independencia de las instituciones están en juego.