**¡Endurecimiento drástico en la Ley de Aguas Nacionales!**

Ciudad de México.- El gobierno federal ha decidido endurecer la Ley de Aguas Nacionales para combatir el huachicoleo de agua y sancionar a quienes obtengan beneficios a través de cambios ilegales en los títulos de propiedad. El anteproyecto de ley, que ya está disponible en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), propone medidas más severas, incluyendo el retiro de títulos de concesión y un aumento en las multas, que pasarán de 2 millones a 5 millones de pesos. Además, se contemplan penas de cárcel de hasta 12 años.

La nueva reforma, a diferencia de la actual Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992, considera como faltas administrativas la explotación de volúmenes de agua superiores a los autorizados, la extracción en zonas vedadas sin permiso y el aprovechamiento de aguas nacionales sin concesión. También se tipifican como infracciones el ceder o transmitir indebidamente los títulos de concesión, cambiar el uso del agua sin autorización y trasladarla con fines de lucro sin el permiso correspondiente.

Otras acciones que serán sancionadas incluyen el desvío y obstrucción de cauces, la manipulación de equipos de medición para simular consumos menores y la corrupción en el otorgamiento o solicitud de concesiones. Estas infracciones se incluirán en un catálogo de delitos penales.

El anteproyecto, que está en revisión antes de ser enviado al Congreso de la Unión, establece sanciones que van desde 260 hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a multas de 29 mil 416 pesos hasta 5 millones 657 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la transgresión.

Por primera vez, se han añadido penas de prisión, como lo mencionó la presidenta el 1 de octubre. Las sanciones incluyen de dos a 12 años de cárcel para quienes trasladen aguas nacionales sin autorización o desvíen cauces que pongan en riesgo a la población y los ecosistemas. Asimismo, se prevén penas de uno a nueve años para quienes manipulen medidores de consumo y de dos a 12 años para servidores públicos que otorguen concesiones a cambio de beneficios indebidos, así como para quienes busquen concesiones mediante sobornos.