Los gobiernos autonómicos de Baleares, Aragón y Asturias se han comprometido este lunes a elaborar el registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, pero la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que esta herramienta solo sirve para "estigmatizar" a los sanitarios.

Los representantes políticos de estas regiones han hecho estas declaraciones tras recibir la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde les exige poner en marcha dicho registro, obligatorio desde 2024, para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubieran hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento, ha advertido el

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