Un proyecto de ley propiciado por legisladoras del Frente de Todos plantea impedir que personas condenadas por delitos sexuales o violencia de género trabajen en entornos con niñas, niños o adolescentes.

En la Legislatura de Mendoza ingresó un proyecto de ley cuyo objetivo es prohibir que quienes cuenten con condenas por delitos sexuales o violencia de género puedan ser contratados, designados o mantener funciones en instituciones donde haya menores. La iniciativa está firmada por las legisladoras María Mercedes Derrache y Adriana Cano.

Entre los ámbitos alcanzados por la propuesta se encuentran clubes deportivos, escuelas, asociaciones civiles, instituciones religiosas y todo espacio con contacto directo y habitual con niñas, niños y adolescentes. El proyecto recuerda casos de gran rep

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