**Aprobada ley histórica sobre desapariciones forzadas en Chile** La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile ha aprobado un proyecto de ley que establece la figura jurídica de "Persona ausente por desaparición forzada". Esta iniciativa, que busca reconocer a las víctimas de detenciones desaparecidas durante la dictadura, recibió un respaldo significativo con 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones. El texto ahora se enviará al Ejecutivo para su promulgación como ley. La nueva calificación reconoce que el Estado chileno admite la privación de libertad de personas por agentes estatales o grupos autorizados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, seguida de la negación u ocultamiento de su paradero. La diputada Lorena Pizarro fue una de las principales impulsoras de esta moción, junto a otros legisladores como María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo y Carmen Hertz. La ley se alinea con el Plan Nacional de Búsqueda y proporciona una reparación simbólica a las familias afectadas, quienes recibirán un certificado del Registro Civil que indica su inclusión en el nuevo Registro de personas ausentes por desaparición forzada. Este registro será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación e incluirá a personas mencionadas en informes de comisiones sobre violaciones a los derechos humanos, como el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación y otros informes similares. La norma también contempla sentencias judiciales de procesos penales y se detalla la información de cada persona desaparecida, incluyendo nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y la fecha de su arresto o secuestro. El proyecto fue aprobado inicialmente en diciembre de 2024 y, aunque el Senado eliminó algunas facultades de la Subsecretaría de Derechos Humanos, los diputados ratificaron estos cambios en el tercer trámite. Durante el debate, varios diputados expresaron su apoyo a la iniciativa. Carmen Hertz destacó que "de las 40 mil víctimas durante la dictadura, aún 1.100 permanecen en calidad de detenidas desaparecidas". Gonzalo Winter subrayó que "esta es una reparación simbólica que obliga a crear un registro y el acceso a certificados oficiales que contengan esta calificación". Lorena Pizarro enfatizó que "las familias no renuncian a la búsqueda de justicia, verdad, reparación y no repetición". Emilia Nuyado describió la ley como "un acto de humanidad para las familias que por 50 años han cargado con el dolor de no poder cerrar un duelo". Por su parte, Tomás Hirsch afirmó que "no se les puede pedir que declaren la muerte presunta de sus seres queridos", mientras que Nathalie Castillo aclaró que "esta calificación no modifica estados civiles ni conlleva beneficios económicos". La aprobación de esta ley representa un paso significativo en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y sus familias en Chile, así como un esfuerzo por abordar el legado de la dictadura en el país.