El proyecto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca establecer un marco jurídico diferencial para que los grupos criminales ligados al narcotráfico tengan un espacio normativo para que dejen la ilegalidad, y que ha despertado polémica dentro del seno del mismo Ejecutivo, tiene su futuro enredado. Incluso, en la misma Casa de Nariño estallaron recientemente desacuerdos.

Por un lado, la iniciativa con la que se busca darle viabilidad a ese propósito lleva sin siquiera tener ponencia para primer debate en los casi tres meses...

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