**¡Impactante asesinato de un sacerdote en Guerrero!** El asesinato del padre Bertoldo Pantaleón Estrada ha conmocionado a la comunidad católica en México. Su cuerpo fue encontrado el 6 de octubre de 2025 en Eduardo Neri, Guerrero, lo que ha reavivado el debate sobre la violencia que enfrentan los líderes religiosos en el país. La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) investiga el caso como homicidio calificado. La desaparición del sacerdote, de 58 años, fue reportada el 4 de octubre, lo que llevó a las autoridades a emitir fichas de búsqueda. Dos días después, se notificó a la comunidad religiosa sobre el hallazgo de su cuerpo, que presentaba impactos de arma de fuego. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha exigido justicia y una investigación transparente. Este caso se suma a una larga lista de crímenes que han afectado a sacerdotes y líderes religiosos en México. Según el Centro Católico Multimedial (CCM), hasta diciembre de 2024, se habían registrado 80 asesinatos de sacerdotes, religiosos y laicos desde 1990, lo que convierte a México en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del sacerdocio. La violencia contra figuras religiosas no es un fenómeno nuevo. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió el 24 de mayo de 1993, cuando el arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, fue asesinado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La Procuraduría General de la República (PGR) atribuyó el crimen a un error de sicarios del Cártel de Tijuana, aunque la Iglesia sostiene que fue un crimen de Estado. Otros casos recientes incluyen el secuestro y asesinato del sacerdote José Ascensión Acuña Osorio en 2014, atribuido a la presión de grupos delictivos como La Familia Michoacana. También se recuerda el caso del misionero ugandés John Ssenyondo, quien fue secuestrado y encontrado en una fosa común tras negarse a cumplir con las demandas de criminales locales. La situación de violencia contra líderes religiosos en México plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la impunidad en el país. La comunidad católica y los defensores de derechos humanos continúan exigiendo justicia y protección para quienes ejercen su ministerio en un entorno cada vez más peligroso.