Madrid
La controversia en torno al registro de objetores al aborto - una exigencia legal desde 2023 que varias comunidades gobernadas por el PP están comenzando a aplicar - se ha intensificado después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejara en el aire si cumpliría. Ayuso declaró que no permitirá que se "estigmatice" a los sanitarios que se niegan a practicar abortos y dejó en el aire si acatará la solicitud del Gobierno, que dio tres meses a las comunidades para implantar el registro.
José María Lassalle ha cargado con dureza este martes contra la deriva ideológica del Partido Popular de Madrid en materia de aborto. Durante su intervención en el Abierto de Hoy por Hoy , Lassalle ha criticado que el partido haya entrado "en esta cuestión de guerra cul