**Empresas vinculadas al fentanilo abastecieron a instituciones públicas** La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha sancionado a una red de empresas presuntamente relacionadas con la producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa. Estas empresas han sido proveedoras de hospitales, universidades y centros de investigación en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur desde 2018 hasta el primer semestre de 2025. El 6 de octubre, la OFAC identificó a 12 personas morales y ocho personas físicas que se dedican a la distribución de productos químicos y equipos de laboratorio. Estas entidades suministraron precursores utilizados en la fabricación de fentanilo para la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Una investigación realizada por EL UNIVERSAL en la Plataforma Nacional de Transparencia reveló que siete de las 12 empresas sancionadas han prestado servicios a universidades públicas y gobiernos estatales en el noroeste de México. Desde 2018, estas empresas han recibido 630 contratos, la mayoría por adjudicación directa, por un total de 35.7 millones de pesos. Las empresas mencionadas son: Comercial Viosma del Noroeste SA de CV, Storelab SA de CV, Favelab SA de CV, Importaciones y Nacional Marcerlab SA de CV, Favela Pro SA de CV, Quilab SA de CV y Sumilab SA de CV. Estas compañías han proveído a instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico de Sonora, entre otras. El Colegio de la Frontera Sur y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo también han sido beneficiados por estas empresas. El CIAD, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, fue la institución que más recursos destinó a Storelab y Sumilab, con adjudicaciones directas por 6.1 millones de pesos en 70 contratos entre 2021 y 2024. La OFAC ha señalado que Storelab es una filial de Sumilab, que fue incluida en su lista de sanciones en 2023. Además, se han encontrado contratos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno del estado de Sinaloa, que contrató a varias de las empresas sancionadas a través de diversas dependencias. En Baja California Sur, las contrataciones se realizaron a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud, y el ayuntamiento de La Paz también adquirió productos de estas empresas. En mayo de 2023, la OFAC emitió una primera sanción contra Sumilab, de la familia Favela López, marcando el inicio de un proceso de vigilancia sobre estas actividades. La situación plantea serias preocupaciones sobre la relación entre estas empresas y las instituciones públicas que han dependido de sus productos químicos y equipos de laboratorio.