El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este lunes la Ley de Administración Abierta , una norma que, bajo la premisa de reforzar la transparencia institucional, excluye expresamente a los familiares de los cargos públicos de cualquier control por posibles conflictos de interés.

Esta exclusión deja fuera del marco de transparencia a la esposa del presidente, Begoña Gómez , y a su hermano, David Sánchez , entre otros familiares de altos cargos del Ejecutivo. Así lo confirmó el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El titular de la cartera fue explícito: «Toda la regulación afecta a los cargos públicos, todas las normas afectan a quien se puede exigir: a quien ostenta un cargo público». Y añadió: «Esto viene de lejos, pero no está en los planes la regulación de la pareja del presidente».

Una ley que amplía el control interno, pero no a los allegados

La nueva norma establece obligaciones de publicidad y control para «altos cargos, personal eventual de especial confianza o asesoramiento político, personal directivo y personal empleado público del Estado». Entre sus medidas, López destacó la obligación de publicar las agendas institucionales y los viajes oficiales de los altos cargos hasta el rango de subdirector general .

Sin embargo, no incluye ninguna referencia a familiares o cónyuges de los miembros del Gobierno o de los altos funcionarios.

Preguntado por esta omisión, el ministro justificó que «la figura de la pareja del presidente del Gobierno no es un cargo público, ni funcionario, ni tiene un sueldo público». En consecuencia, argumentó, no procede exigirle la misma rendición de cuentas que a un responsable institucional .

López incluso planteó una pregunta retórica: «¿Un familiar se tiene que ver sometido al escrutinio de los políticos? ¿Debería tener expuesta su agenda?». Y respondió: «Obviamente no».

No obstante, el caso de Begoña Gómez contradice en parte ese argumento, ya que la esposa del presidente dispone de una asesora en nómina de La Moncloa, Cristina Álvarez , cuya función oficial era asistir al gabinete presidencial, aunque la investigación judicial acredita que trabajaba en tareas privadas para Gómez , en la gestión de su cátedra universitaria y en contactos con empresas patrocinadoras.

El Gobierno se proclama “transparente” mientras ignora las recomendaciones del GRECO

Pese a esta exclusión, el ministro de Transformación Digital defendió la nueva ley como una muestra del compromiso del Ejecutivo con la transparencia y la rendición de cuentas .

«El presidente viene haciendo un ejercicio de rendición de cuentas cada seis meses con el programa “Cumpliendo”», aseguró López, en alusión al informe que Moncloa presenta semestralmente sobre los compromisos legislativos del Gobierno.

A su juicio, la ley «se ha elaborado siguiendo las recomendaciones del GRECO, la Unión Europea y la sociedad civil».

Sin embargo, los hechos contradicen esa afirmación. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) , organismo dependiente del Consejo de Europa, ha reprochado recientemente al Gobierno español no haber introducido avances significativos en materia de transparencia respecto a los familiares de altos cargos .

En su último informe, el GRECO señala que el Ejecutivo «no ha prestado suficiente atención» a la publicación de datos económicos, patrimoniales y financieros de cónyuges y familiares de altos cargos , e insta a España a reforzar los mecanismos de prevención de conflictos de interés , especialmente en el ámbito del Gobierno central, «por su naturaleza política y su interacción con el sector privado».

La Ley de Administración Abierta ignora ambas advertencias.

El contexto: los casos judiciales de Begoña Gómez y David Sánchez

La aprobación de esta norma se produce en un momento en que la esposa y el hermano del presidente del Gobierno están inmersos en causas judiciales por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y fraude fiscal .

Begoña Gómez está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por haber utilizado recursos públicos de La Moncloa en beneficio de su cátedra universitaria y de empresas privadas vinculadas a ella , mientras que David Sánchez afronta cargos por prevaricación y tráfico de influencias tras su contratación en la Diputación de Badajoz, donde obtuvo una plaza presuntamente a medida.

La ley recién aprobada evitará que casos similares en el futuro queden sujetos a obligaciones de transparencia o rendición de cuentas , ya que limita su alcance a quienes ostenten un cargo público formalmente reconocido.

Las medidas anunciadas por el Gobierno

Pese a las críticas, López enumeró las medidas que, según el Ejecutivo, reforzarán la transparencia institucional:

  1. Publicación de agendas y viajes : obligación de publicar las agendas y desplazamientos oficiales de los altos cargos hasta subdirector general.

  2. Reforma del Portal de Transparencia : incorporación de información sobre asesores eventuales.

  3. Régimen de prevención de conflictos de interés : ampliado al personal eventual, con obligación de presentar declaración de bienes y actividades.

  4. Pacto de integridad en la contratación pública : las empresas licitadoras deberán firmar compromisos de integridad y ética.

  5. Auditorías ciudadanas : mecanismos de seguimiento participativo de la gestión pública.

  6. Régimen sancionador : sanciones para quienes incumplan las obligaciones de transparencia.

El ministro precisó que la norma se aplicará a toda la Administración General del Estado, el Congreso, el Senado y la Casa Real , aunque aclaró que el régimen sancionador se limitará al personal de la Administración General del Estado , dejando fuera a otros órganos constitucionales.