El documento establece que la modificación sigue las recomendaciones del Consejo de Economía de la Iglesia e indica que las instituciones de la Curia Romana deben seguir el principio de “responsabilidad compartida” también para las actividades económicas.

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La Carta apostólica deroga la instrucción publicada en 2022 que establecía que el IOR tenía competencia exclusiva para la administración del patrimonio de la Iglesia Católica y que todas las instituciones ligadas a ella debían reportar al banco del Vaticano en breve plazo sobre cualquier activo económico que tuvieran en otras entidades financieras.

Bajo el nuevo marco normativo, la Administración d

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