El fiscal de Estado respondió al presidente del Colegio de Abogacía, quien había cuestionado la nueva Ley 3.950, y aseguró que el texto se trabajó con participación del Tribunal Superior, magistrados, empleados judiciales y asociaciones profesionales.

“Las críticas de Solano se basan en desconocimiento y no en un análisis jurídico serio”, sostuvo Castillo.

El debate en torno a la Ley 3.950, que actualiza el régimen de honorarios profesionales de abogados y auxiliares de justicia en Santa Cruz, sumó un nuevo capítulo tras las fuertes declaraciones de Matías Solano, presidente del Colegio de Abogacía, quien aseguró que la norma “perjudica ostensiblemente” al sector y “fue copiada mal” de la ley nacional.

En respuesta, el fiscal de Estado, Ramiro Esteban Castillo, desmintió las acusaciones

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