Apropósito del debate actual sobre la posible incorporación del castellano como lengua vehicular en la educación de nuestras islas, recuerdo una experiencia vivida hace veinte años como miembro del Consell Escolar del IES Joan Maria Thomàs de Palma.

Por aquel entonces, venía de participar en la Comissió Acadèmica de la UIB, lo que me predisponía a implicarme activamente en los asuntos educativos. Uno de los momentos más tensos fue el debate sobre un reglamento interno que proponía sancionar a los profesores que no se expresaran siempre en catalán, no solo con el alumnado, sino también con sus familias. Me pareció un ataque directo a la libertad del profesorado para elegir la lengua según su criterio profesional.

La discusión fue intensa, aunque curiosamente solitaria: la dirección del ce

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