n medio de los desafíos que impone el cambio climático, varios expertos sostienen que la crisis ambiental no solo exige transformaciones en los modelos económicos y energéticos, sino también una renovación profunda de las democracias.
La lucha contra el calentamiento global está generando nuevas formas de participación ciudadana, impulsando la descentralización de decisiones ambientales y fomentando la corresponsabilidad entre gobiernos, comunidades y empresas.
En América Latina, y especialmente en Colombia, la transición hacia una economía verde se ha convertido en un terreno clave para fortalecer la participación social y la transparencia. Las consultas populares sobre proyectos mineros y energéticos, así como la creciente presión ciudadana por políticas de sostenibilidad, evidencian q