Tres años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenara garantizar al menos un 25 % de las clases en castellano, el sistema educativo catalán sigue sin aplicar de forma generalizada el mandato judicial. De las más de 3.500 escuelas públicas y concertadas que existen en Cataluña, solo una veintena cumplen la sentencia , según datos de diversas entidades educativas y fuentes judiciales.

La Generalitat de Cataluña, en lugar de acatar la resolución del TSJC, aprobó en 2022 una nueva ley y un decreto lingüístico que eliminan los porcentajes de uso del castellano y el catalán en las aulas. Esta maniobra legal, impulsada por el Govern y apoyada por ERC, Junts, PSC y los comunes, ha servido de escudo para que la mayoría de los centros mantengan intacto el modelo de

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