La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez , mintió al juez al negar que hubiera percibido dinero por su labor al frente de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) . Según documentos oficiales a los que ha tenido acceso El Debate , sí cobró por impartir clases y codirigir el máster asociado a esa cátedra , pese a que su defensa sostuvo ante el magistrado Juan Carlos Peinado que «no percibió retribución alguna».

Las pruebas desmienten categóricamente esa versión. La propia documentación de la Universidad Complutense acredita que Gómez percibió más de 13.600 euros en dos cursos académicos por su trabajo docente y de dirección. Se trata de una información clave, ya que su defensa basa parte de su recurso en la supuesta ausencia de cobro para intentar librarla de un juicio con jurado popular por malversación y tráfico de influencias .

Pagos acreditados por la Complutense

El rastro de los pagos está reflejado en los registros contables de la propia universidad.  Durante el curso 2020/2021 , Begoña Gómez cobró 3.080 euros por impartir 22 horas de clase , otros 2.300 euros por su labor de codirección del máster y 140 euros adicionales por participar en un tribunal académico.

En el curso siguiente, 2021/2022 , sus honorarios aumentaron: 3.640 euros por 26 horas de docencia , 4.352 euros por codirigir el programa y 140 euros más por otro tribunal evaluador. En total, 13.652 euros en solo dos años académicos.

Estos pagos se realizaron a pesar de que la esposa del presidente carece de titulación universitaria que la habilite para dirigir un máster y de que la propia Complutense ha reconocido que su nombramiento se realizó como “caso excepcional” .

La contradicción con lo declarado por su abogado ante el juez Peinado es evidente: Begoña Gómez sí percibió ingresos ligados a la cátedra , aunque los intentara presentar como remuneraciones ajenas a ella.

Una cátedra creada a medida

El Debate ha podido confirmar que la Cátedra de Transformación Social Competitiva fue creada ad hoc para Begoña Gómez en octubre de 2020, tras una reunión en La Moncloa en la que participaron ella misma y el entonces rector de la Complutense.

El proyecto se financió a través de convenios con Reale Seguros y la Fundación La Caixa , dos entidades privadas con las que la esposa del presidente mantenía contactos en su ámbito profesional.

Pese a que la universidad alegó que Gómez «colaboraba con la UCM desde 2012 en programas de formación continua», lo cierto es que su actividad se consolidó justo cuando Pedro Sánchez ya era presidente del Gobierno y el acceso a los despachos ministeriales o empresariales dependía, en buena medida, de su cercanía a La Moncloa .

En esa etapa, Gómez no solo dirigía la cátedra , sino que también gestionaba los fondos y firmaba facturas imputadas a la universidad por un total de 42.348,79 euros , vinculadas al desarrollo de una plataforma tecnológica para pymes .

Facturas y fondos de grandes empresas tecnológicas

La citada herramienta tecnológica fue financiada con 150.000 euros en especie por tres grandes compañías privadas: Indra (a través de su filial Minsait) , Google y Telefónica .

Estas colaboraciones están ahora bajo la lupa judicial, ya que la condición de Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno podría haber influido en la obtención de esas aportaciones, un punto que sustenta la acusación por presunto tráfico de influencias .

La Universidad Complutense también licitó un contrato con Deloitte para desarrollar la citada plataforma, en cuya documentación técnica figura la firma de Begoña Gómez , que intervino directamente en la redacción de los pliegos de contratación.

Esa participación, siendo ajena al personal funcionario o docente estable de la universidad, es la base de otra imputación: la de intrusismo profesional .

De cátedra académica a posible negocio privado

El informe de la UCO de la Guardia Civil recoge, además, correos electrónicos en los que la asistente de Begoña Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez , consulta al exvicerrector Juan Carlos Doadrio sobre la posibilidad de que la cátedra prestara servicios de consultoría a empresas privadas a cambio de dinero .

Aunque la universidad nunca respondió oficialmente, los mensajes dejan clara la intención de convertir la cátedra en un instrumento de negocio , lo que derivó en la creación de la sociedad Transforma TSC , una empresa con el mismo nombre que la plataforma universitaria.
Esa coincidencia es precisamente la que motivó al juez Peinado a imputar a Begoña Gómez por un presunto delito de apropiación indebida .

Una red paralela dentro de la Complutense

Pese a las explicaciones ofrecidas por su abogado, el sumario demuestra que la cátedra contaba ya con una estructura administrativa completa .

Una empleada, Blanca de Juan , ejercía como coordinadora de la cátedra y percibió 19.500 euros de la universidad por sus funciones. Aun así, Begoña Gómez utilizó a su asistente de La Moncloa, pagada con fondos públicos , para desempeñar labores similares, algo que la universidad considera improcedente.

Este detalle desmonta otro de los argumentos de la defensa: que Cristina Álvarez actuaba “solo por amistad y sin funciones administrativas” . Los correos oficiales prueban lo contrario.