Mientras la inseguridad crece y la ciudadanía exige respuestas urgentes, el Estado mira hacia otro lado. La informalidad y el crimen organizado avanzan, amparados por una política de impunidad que, desde el gobierno y el Congreso, tienden a favorecer a grupos criminales y desproteger a los ciudadanos .

El reciente informe de Human Rights Watch, “Legislar para la impunidad”, detalla decisiones y normas en el Perú que limitan la colaboración eficaz, debilitan la persecución de la corrupción, obstaculizan investigaciones criminales y dan cobertura a la minería ilegal y la deforestación. También advierte el debilitamiento del Ministerio Público y del Poder Judicial. A ello se suma la amnistía para acusados de violaciones de derechos humanos, rechazada por el 61% de peruanos, según el Inst

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