**Controversia por declaraciones sobre pensiones de alto riesgo** En la última semana de septiembre, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, generó un gran revuelo al afirmar que los fondos privados de pensiones "se quedaron con la gente de alto riesgo". Dussán argumentó que esta situación se debió a una "equivocación por la alcahuetería del gobierno". Según él, más de 45.000 trabajadores, que incluyen bomberos, mineros y funcionarios de cárceles, están afiliados a fondos privados, a pesar de que tienen derecho a un régimen especial de pensión que les permite jubilarse antes que otros colombianos.

Dussán aseguró que los fondos privados deben a Colpensiones y al Gobierno Nacional 9 billones de pesos, que corresponderían al ahorro de estos trabajadores de alto riesgo. En consecuencia, anunció que junto con otros ministros y la Superintendencia Financiera, se obligará a los fondos privados a trasladar a estos 45.000 trabajadores a Colpensiones, junto con su dinero ahorrado para pensiones.

Sin embargo, esta propuesta ha generado alertas. La legislación colombiana permite a los afiliados elegir en qué régimen cotizan. Para trasladarse de un fondo privado a uno público, o viceversa, se requiere un proceso de doble asesoría para determinar cuál sistema es más conveniente. El abogado laboralista Misael Triana afirmó: "Esas manifestaciones del señor presidente de Colpensiones realmente son desacertadas. Los trabajadores de alto riesgo que deciden afiliarse a un fondo privado no pueden ser trasladados a Colpensiones por una orden presidencial, ni por un decreto, pues eso no lo permite la ley".

Los trabajadores de alto riesgo pueden acceder a la pensión de vejez a los 55 años, o incluso a los 50 si superan las 1.300 semanas de aportes. Esto se debe a que sus labores reducen su expectativa de vida saludable. La ley exige a sus empleadores aportar un 26% del ingreso del trabajador, en comparación con el 16% que aportan otros trabajadores.

Triana también destacó que los fondos privados no le deben dinero al Gobierno o a Colpensiones, ya que su función es administrar el capital de los afiliados que los eligieron. Además, Dussán mencionó que los 9 billones de pesos contribuirían a pagar el pilar solidario, destinado a ayudar a 3 millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, Triana advirtió que el dinero de los fondos privados no puede ser utilizado para subsidios, según la Ley 100 de 1993 y la nueva ley de pensiones 2381 del 2024, que aún no ha entrado en vigencia.

Tras las declaraciones de Dussán, los ministros se reunieron con los fondos privados y decidieron reabrir la cotización de alto riesgo en estos fondos, que había sido cerrada en julio. También se crearán mesas técnicas para definir la población que podría estar interesada en trasladarse y proporcionarles información. En última instancia, los expertos coinciden en que son los afiliados quienes deciden en qué fondo cotizan y cuándo se trasladan. Así, los 9 billones de pesos anunciados por Dussán se consideran un anuncio inejecutable.