la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desenterrado un post-it adhesivo en la agenda personal de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, con la mención explícita de «Begoña Gómez Fernández» junto a «Restaurante Manuel Becerra». La nota, fechada en los días 11, 12 y 13 de marzo de 2024 –exactamente un mes antes de la querella contra la mujer de Pedro Sánchez el 9 de abril y el auto de incoación el 16 de abril–, surge del registro ordenado por el Tribunal Supremo en octubre de 2024. Rodríguez, ahora testigo en la causa contra el fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, explica el hallazgo como un recordatorio de un incendio mortal en el restaurante y un «procedimiento» inminente, pero la antelación temporal invita a cuestionar si se trata de mera coincidencia o de un velo de anticipación que roza la intriga institucional.

El Descubrimiento en la Agenda: Un Detalle que Desafía el Tiempo

En el intrincado laberinto de la justicia española, donde las agendas personales de los fiscales se erigen como criptas de secretos que eclipsan a cualquier criptograma, el post-it intervenido por la UCO representa un enigma cronológico que desafía la lógica procesal. Adherido a las páginas de la agenda de Pilar Rodríguez –fiscal de referencia de Álvaro García Ortiz en Madrid–, el apunte manuscrito reza «Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández», en fechas de marzo de 2024. En ese momento, lo único en el aire era el escándalo de la cátedra que Gómez obtuvo en la Universidad Complutense sin título superior oficial, un detalle público pero no judicial. La querella contra ella, presentada el 9 de abril, y el auto del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, del 16 de abril, surgieron un mes después, convirtiendo esta anotación en un presagio que huele a prestidigitación temporal: ¿cómo prever un «procedimiento» inexistente?

El registro, ejecutado en octubre de 2024, abarcó el despacho de García Ortiz y todos los dispositivos vinculados a la investigación por la filtración de conversaciones privadas del equipo jurídico de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez, imputada inicialmente y ahora testigo –obligada a no perjurar en el juicio de noviembre–, vio su oficina allanada en ese contexto. La agenda, intervenida como parte de los documentos personales, reveló no solo este post-it, sino un retrato de actividad interna que transforma lo trivial en testigo acusador. El restaurante en la plaza de Manuel Becerra, evocado en la nota, no es mero fondo; su mención junto al nombre de Gómez sugiere una cita o un hilo que trasciende el mero recordatorio, invitando a una reflexión moral sobre si la Fiscalía, baluarte de la imparcialidad, se entreteje con las sombras del poder ejecutivo.

La Justificación de Rodríguez: ¿Recordatorio o Racionalización Retrospectiva?

Ante la gravedad del hallazgo –como un prestidigitador obligado a explicar su truco fallido–, Rodríguez inscribió de inmediato en el acta del registro su versión: el post-it era «un apunte a fin de que los fiscales instructores me dieran cuenta de lo que en la primera anotación se refiere a un incendio en el restaurante que fallecieron varias personas [en la plaza de Manuel Becerra] y en la segunda anotación, del procedimiento en el que está incursa la Señora Begoña Gómez». Esta explicación, sin embargo, tropieza con la flecha inexorable del tiempo: en marzo de 2024, no había procedimiento formal contra Gómez, solo rumores y escándalos mediáticos. La incoherencia cronológica, ese espectro que acecha toda narración oficial, plantea un dilema ético: ¿profecía judicial o conocimiento prematuro que bordea la filtración? Si la nota alude a un «procedimiento futuro», ¿quién lo anticipó, y con qué fin?

Rodríguez, parte del ala más afín a García Ortiz, ha protagonizado episodios que destilan no solo lealtad, sino una proximidad controvertida. En mensajes internos intervenidos, sugirió poner «un poco de cianuro» en una nota de prensa sobre el caso de Ayuso, un lapsus que evoca no ingenio, sino una acidez que mancha la neutralidad fiscal. Además, participó en el envío de la nota de prensa que filtró las conversaciones sensibles, núcleo de la acusación contra García Ortiz por revelación de secretos. Otro post-it en su mesa clamaba por una «salida digna» para el fiscal general, un detalle que pinta un retrato de lealtad interna en medio de la tormenta judicial.

La Celeridad de la Apelación y el Juicio Inminente

La trama se ramifica con la rapidez de la respuesta fiscal: apenas 24 horas después del auto de imputación de Gómez, la Fiscalía Provincial de Madrid recurrió, solicitando su revocación y archivo, una diligencia que genera interrogantes sobre conocimiento previo. Las actas de la UCO, intervenidas en octubre de 2024, detallan agendas y documentos que revelan la actividad interna de la Fiscalía durante meses clave, transformando lo personal en prueba pública. García Ortiz, enfrentado a un juicio en noviembre que podría expulsarlo de la Carrera Fiscal, ve su defensa complicada por estos hallazgos: ¿cómo explicar que una fiscal anotara un caso no nacido?

La Erosión de la Independencia Institucional

Este post-it trasciende el mero adhesivo; es un asalto a la médula de la gobernanza republicana, donde la Fiscalía debe ser un faro de imparcialidad, no un apéndice de Moncloa. Cuando una nota de marzo anticipa abril, se siembra la duda de filtraciones que erosionan la confianza cívica, recordándonos que la virtud exige no racionalizaciones retrospectivas, sino transparencia absoluta. En el anfiteatro ibérico, urge una reforma que blinde la independencia fiscal de las intrigas palaciegas: investigaciones exhaustivas, no presagios opacos. Si Rodríguez dice la verdad, es un lapsus; si no, una charada que mancha el laurel magna de la justicia. La ciudadanía, hastiada de estos melodrama, merece no enigmas, sino equidad: ¿quién advirtió a quién, y por qué el tiempo parece doblegarse ante el poder?