Desde que la normativa sobre la inclusión de los estudiantes de prácticas en la Seguridad Social entró en vigor en enero de 2024, los alumnos que realizan formación en empresas, instituciones o administraciones públicas pasaron a tener una cobertura equiparable a la de cualquier trabajador en activo . La medida, aprobada en el Real Decreto-ley 2/2023 y que buscó reforzar la protección social de este colectivo, afectó tanto a las prácticas remuneradas como a las no remuneradas , y estableció un marco claro de derechos y obligaciones para todos los implicados.

Qué implica

Las prácticas formativas (ya sean curriculares o extracurriculares) abarcan tanto a los estudiantes de universidades, formación profesional, enseñanzas artísticas o deportivas como a los que cursan másteres o titulaciones propias. Aunque su finalidad sigue siendo exclusivamente educativa, la ley reconoció que su desempeño conlleva responsabilidades similares a las del entorno laboral y, por tanto, requería una protección mínima frente a accidentes, enfermedades o contingencias derivadas de la actividad.

Los derechos que tienen

Entre los derechos más relevantes que obtuvieron los estudiantes figuró la cobertura sanitaria y la protección ante accidentes o enfermedades laborales , así como el acceso a prestaciones por maternidad, paternidad o incapacidad temporal . Además, el tiempo de prácticas empezó a computar en la vida laboral del estudiante, contribuyendo al cálculo de futuras prestaciones, incluida la jubilación . La inclusión también permitió el reconocimiento de posibles derechos de viudedad y orfandad en caso de fallecimiento durante el periodo formativo.

El nuevo marco también consolidó otros derechos más allá del ámbito económico. Los alumnos en prácticas tenían derecho a recibir orientación, supervisión y acompañamiento de un tutor asignado , a desarrollar su aprendizaje en un entorno seguro, y a conocer las normas internas y de prevención de riesgos de la entidad. En el caso de las prácticas remuneradas, se les garantizó una compensación económica acordada en el convenio correspondiente y el derecho a una cotización proporcional a esa retribución.

Las obligaciones de ambas partes

Junto a los derechos, la normativa también definió con claridad las obligaciones de los estudiantes . Estos debían cumplir el horario establecido , realizar las tareas asignadas con actitud profesional, respetar la confidencialidad de la información manejada y seguir las normas de seguridad y prevención del centro de trabajo. En caso de accidente o incidencia, estaban obligados a comunicarlo tanto a la empresa como al tutor académico para activar los procedimientos de cobertura.

Las empresas y entidades colaboradoras , por su parte, asumieron la obligación de dar de alta y de baja a los alumnos en la Seguridad Social, ofrecerles un tutor interno y garantizar condiciones seguras durante su estancia. En las prácticas remuneradas, debían ingresar las cotizaciones correspondientes, mientras que en las no remuneradas esa responsabilidad recaía íntegramente en el centro formativo o en la institución que ofrecía la práctica. Además, la empresa debía comunicar los accidentes y cumplir con la legislación en materia de riesgos laborales.

Los centros educativos también mantuvieron un papel esencial. Son los responsables de firmar los convenios de prácticas, supervisar el plan formativo y velar por que el alumno no desempeñe funciones propias de un trabajador contratado . Cada institución asigna un tutor académico encargado de evaluar el aprendizaje y asegurar que las prácticas se ajusten al contenido formativo previsto, evitando posibles abusos o sustituciones de empleo encubiertas.

Por último, los estudiantes pueden consultar su alta y las cotizaciones derivadas de las prácticas a través del portal o la app Import@ss de la Seguridad Social. En su vida laboral figuran los periodos de prácticas computados, ya sean remunerados o no. En caso de detectar irregularidades (como la falta de alta o una cotización incorrecta), pueden dirigirse a su universidad o a la Inspección de Trabajo. Con esta regulación, las prácticas dejaron de ser un terreno ambiguo y pasaron a formar parte de un sistema con derechos, deberes y garantías claras tanto para los estudiantes como para las entidades que los acogen.