El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el envío de una misión internacional de derechos humanos a Medellín tras los disturbios del pasado 7 de octubre ha generado una fuerte controversia entre los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia.

Al respecto, Asocapitales se pronunció calificando la medida como “improcedente, irregular y contraria al orden constitucional”, argumentando que viola principios fundamentales como la autonomía territorial, la descentralización y la separación de poderes.

Según el gremio, la convocatoria de una comisión externa para vigilar actuaciones municipales sin que se trate de violaciones sistemáticas de derechos humanos carece del respaldo legal necesario y constituye una intromisión indebida en los asuntos internos del Estado.

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