Las iniciativas para la expedición de la Ley General de Aguas (LGA) y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) mantienen las disposiciones neoliberales establecidas en 1992 que permiten la privatización del líquido, entre las que destacan la vigencia de hasta por 30 años con derecho a prórroga de las concesiones, una de las principales causas de acaparamiento y concentración del agua “en unos cuantos grupos de poder económico”, advirtieron especialistas, investigadores y colectivos.

Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario especializado en materia de gestión integral del agua desde hace casi dos décadas, señaló que las nuevas propuestas coinciden con las denominadas Ley Korenfeld (2015) y Ley Pichardo (2017) –que fueron frenadas en el Legislativo por la movilización social–, las cu

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