Por la urgencia que significó atender los efectos que tuvo la pandemia de la COVID-19 en México, políticos y empresas hicieron negocio a costa del erario. En algunos quedó registro por observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y en otros se llegó hasta la Fiscalía; sin embargo, la mayoría de los negocios con dinero público quedaron impunes, pues la sociedad estaba enfocada en mantenerse con vida, por encima de cualquier otra cosa. Ahí fue donde las adjudicaciones directas estuvieron al orden del día.

Fue gracias a la actividad periodística que se develó una serie de actos de corrupción en varias entidades del país, incluyendo Baja California, y también en el Gobierno Federal.

Por ejemplo, la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad realizó una investigación p

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