Vender en la calle es una fuente de sustento para miles de familias en California , pero también puede implicar riesgos, especialmente para quienes enfrentan un estatus migratorio incierto . Hasta ahora algunos gobiernos locales exigían a los vendedores proporcionar información personal, como su ciudadanía, estatus migratorio o incluso huellas dactilares, para poder obtener un permiso. Estos datos quedaban almacenados y podían ser consultados por agencias federales, incluidas las de inmigración, lo que generaba temor y desconfianza entre los trabajadores ambulantes .

Consciente de esa vulnerabilidad el gobernador Gavin Newsom firmó la Ley de Protección de Negocios de Vendedores Ambulantes o SB 635 , una medida que busca garantizar la privacidad de quienes viven de esta activi

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