Por considerar que sigue representando un peligro para la sociedad y que cuenta con la capacidad para obstruir el proceso, un juez ordenó que la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz Nova siga con medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

La exfuncionaria, quien se encuentra detenida desde el 18 de diciembre de 2024, es procesada por ser una de las piezas fundamentales dentro del entramado de corrupción que saqueó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ortiz Nova ya fue acusada por la Fiscalía General por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Esto por haber dado instrucciones para que se le entregaran tres mil millones de pesos en sobornos al senador de la Alianza Verde, Iván Name.

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