Una investigación del Ministerio Público Fiscal de San Juan destapó una maniobra delictiva que combinó recursos estatales, datos biométricos falsos y un esquema de estafas que superó los 156 millones de pesos . En el centro del caso aparece una funcionaria del Registro Civil de Pocito, imputada como pieza clave en la confección de documentos de identidad auténticos, pero con datos apócrifos que luego se usaban para tramitar créditos y adquirir bienes revendidos en el mercado informal.

El expediente, encabezado por el fiscal Fernando Alcaraz, de la Unidad de Investigación y Litigio de Casos Complejos , reveló un funcionamiento meticuloso: la red incorporaba fotografías y huellas falsas en el sistema oficial, generando documentos de identidad válidos desde el punto de vista material, pe

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