Por Rafael Briceño

C HETUMAL, MX.- Tras lamentar que las autoridades prácticamente han dado carpetazo a su expediente, Yulissa y Carlos Alberto Itzá Cobá, familiares de Santos Roberta Cobá May y Elisa Yutzal Itzá Cobá -quienes fueron privadas de la vida en Felipe Carrillo Puerto en un delito calificado de feminicidio en 2018- pidieron la intervención de la gobernadora Mara Lezama ante lo que consideraron omisión, abuso de poder y negligencia de representantes de la Fiscalía General del Estado, La Comisión Especial para la Atención de Víctimas (Ceaverqroo), del Registro Público de la Propiedad y del Tribunal Superior de Justicia.

Acompañados por Ariadne Song Anguas, representante del colectivo femenil Xtabay y con la representación del Frente Feminista Quintana Roo afirmaron que, tras la liberación del responsable de feminicidio, los padres Elizama Be Cituc y Rosa Isela Pech han recurrido a argucias legales para no cumplir con la reparación de daños.

Explicaron que interpusieron una demanda civil ante el juzgado de Felipe Carrillo Puerto para el pago de 900 mil pesos establecidos por la autoridad como reparación de daño sin que hasta el momento  se haya cumplido con el argumento de los familiares de no tener recursos económicos “aunque se ha comprobado que vendieron un terreno y cuentan con otras propiedades”.

Song Anguas dijo que el RPPC ha incurrido en omisión de funciones, tráfico de influencias y abuso de poder y han puesto en indefensión a los familiares de las victimas al impedir el cumplimiento de una ordenanza judicial. También responsabilizó a la responsable de la Ceaveqroo y al juez civil Cesar Rafael Sandoval Sanchez por dilación en el expediente de fecha 2021 y por no ordenar el embargo de propiedades.

Hizo un llamado al presidente del TSJ, Heyden Cebada Rivas, a capacitar a jueces y juezas ya que el delito de feminicidio es de alto impacto.

La responsable del colectivo Xtabay hizo un llamado a los senadores y diputados federales y estatales a revisar la ley de adolescentes ya que tiene lagunas legales que permiten que menores de edad alcancen la libertad tras cumplir una sentencia de cinco años independientemente del delito cometido “y por eso son reclutados pro el crimen organizado ya que salen a los cinco años porque son juzgados como adolescentes”.

Insistieron en que continuarán con su lucha para alcanzar justicia a siete años de cometido el feminicidio de sus familiares. ( Agencia SIM )