Autoridades de Picota advirtieron que empresas de transporte fluvial no regularizadas habrían presionado y amenazado a las autoridades por no permitirles operar en la zona urbana para trasladar de una orilla a otra del río Huallaga a vehículos y pasajeros. Luis Aliaga, gerente municipal indicó que la infraestructura ribereña es limitada y que permitir más amarraderos en el casco urbano pondría en riesgo obras por las que el Estado ha invertido más de 30 millones.

Desde mayo, con motivo de trabajos de mantenimiento en un puente, llegaron a Picota varias embarcaciones que operaron de forma irregular. La municipalidad convocó a la Capitanía y estableció un plazo para que los operadores regularicen su documentación; dicho plazo venció el 15 de agosto y, según la administración, solo cinco emp

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