La sorpresa saltó el pasado 26 de junio. La instructora del «macrocaso» sobre las presuntas irregularidades en contratos públicos, por las que se investiga a la última alcaldesa que tuvo el PSOE en Móstoles (Comunidad de Madrid), Noelia Posse, trasladó a las partes una noticia completamente inesperada.

En una providencia, la jueza Susana González de la Varga les hizo saber que, justo al día siguiente, cesaba como titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad mostoleña. Detalló, al respecto, que se movía a otra sede judicial en virtud de una comisión de traslado.

Pero, a renglón seguido, la magistrada dejaba también por escrito que su intención, pese a la mudanza, era poder seguir controlando las diligencias de investigación pendientes de ser ejecutadas en la causa y ser ell

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